En los últimos siglos, las sociedades occidentales se han agitado en los momentos en los que los respectivos gobiernos de turno intentaban desequilibrar la balanza de la seguridad nacional. Si la sensación de seguridad ciudadana implicaba una reducción de sus libertades, mal. Si se producía el efecto contrario, también desentrañaba los cuchillos de la crítica.
El debate actual acerca de una posible modificación del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de las personas en los territorios adscritos, llega en un momento crucial para la sociedad en la que las nuevas tecnologías lo han impregnado todo.
Para proteger este tipo de amenazas, las administraciones internacionales, encabezadas por las potencias EE.UU. y Reino Unido, han dejado caer la posibilidad de establecer nuevos cauces para acceder a las conversaciones de los ciudadanos. La comunicación ha adoptado nuevas formas en los últimos años y, como siempre que sucede en este tipo de casos, (pasó en Reino Unido y en Grecia, y el control por parte de regímenes como Corea del Norte es preocupante), las autoridades aseguran que no pueden evitar prever atentados sin tener completo acceso a las conversaciones de aquellos que planean atrocidades.
Fuentes de la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil han reiterado que los protocolos de seguridad adoptados en los últimos tiempos por parte de las principales compañías de internet (Facebook, iMessage, WhatsApp, Twitter o Snapchat) les dificulta desencriptar los mensajes.
“El cifrado es un instrumento de seguridad de la información”. Sin embargo, sí deja escrito que en diversos casos (terrorismo, órdenes judiciales), se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado.
Rizando el rizo, el Primer Ministro británico, David Cameron, ha planteado una polémica propuesta, que puede volver a levantar ampollas. Su idea es abrir la puerta a la prohibición de estos servicios que circulan a través de las infraestructuras de internet. El primer ministro ha prometido que si los Conservadores ganan las próximas elecciones se encargará de hacer «una normativa exhaustiva que garantice un lugar seguro donde comunicarse».
Y es que las guerras han cambiado de territorio en los últimos años. La guerra se libra ahora en internet. Los ciberdelincuentes, financiados ya por países, mueven a nivel mundial más dinero que el narcotráfico. Y son capaces de perpetrar más daño que un arma, puesto que un ataque a las infraestructuras propias de una región o a los recursos básicos pueden destrozar no solo su economía. Por esta razón, las grandes potencias invierten capital (económico y humano) en desarrollar herramientas deciberdefensa. El propio Barack Obama, presidente de EE.UU., ha anunciado reformas tras los ciberataques de Sony y al Pentágono. La ciberseguridad se expande.
